CEAPS ESPERA QUE ESTE APOYO SEA SEGUIDO POR OTRAS COMUNIDADES PARA LOGRAR QUE HACIENDA MODIFIQUE LA LEY EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES

Esta mañana miembros de la Junta Directiva de Acalerte y el director-gerente de la patronal nacional CEAPs lograban el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una PROPOSICIÓN NO DE LEY en las Cortes de Castilla y León para conseguir que todos los usuarios de Servicios Sociales privados paguen el mismo IVA con independencia de quién sea el pagador.

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LA MEDIDA SUPONDRÍA UN AHORRO MEDIO DE 100 EUROS AL MES EN CADA PLAZA RESIDENCIAL QUE REVERTIRÍA EN GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE Y PROFESIONALIZADO EN EL MEDIO RURAL.

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA GENERA MÁS DE 40 PUESTOS DE TRABAJO POR CADA MILLÓN DE EUROS INVERTIDO Y QUE CADA DOS NUEVOS USUARIOS DE PLAZA RESIDENCIAL GENERA UN EMPLEO ESPECIALIZADO.

Diego Juez, presidente de Acalerte, acompañado de Javier Sanz, vicepresidente de la entidad, Carlos Martín García, asesor Jurídico, Belén Giraldo, Gerente, y de Alfonso de la Lama-Noriega director-gerente de CEAPs, la patronal del sector a nivel nacional, se reunían con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León para recabar su apoyo en su esfuerzo por la equiparación del IVA que los usuarios de los Servicios Sociales abonan con independencia del quién sea el pagador.

“Lo que pretendemos es una reclamación de justicia social”, explicaba Diego Juez a los medios de comunicación en la rueda de prensa. “Creemos que se penaliza a las personas que acuden al sector privado y lo que pretendemos es tratar de eliminar esa desigualdad social”, añadía Juez.

De hecho, actualmente, el sector de los Servicios Sociales es el único en el que existe un IVA diferente con dependencia de quién pague la factura.

Desde un punto de vista práctico, una persona mayor, por ejemplo, que acuda de forma privada a una residencia, tiene que abonar el 10 por ciento de impuestos correspondientes a la plaza que va a ocupar, mientras que si esa misma plaza es pagada mediante concierto con una administración pública el IVA que se paga al Estado es del 4 por ciento.

Por ello, lo que se pretende desde CEAPS es eliminar esa diferencia y lograr que el usuario no se vea perjudicado y pague el 4 por ciento IVA cuando acuda de forma privada a recibir un servicio lo que podría llevarle a un ahorro medio de 100 euros al mes en España, más de 1.200 euros al año, según los cálculos realizados por la propia entidad de la que se beneficiarán 200.000 usuarios de servicios residenciales en España. “Este número es aún mayor si tenemos en cuenta los usuarios de centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia”, explicaba Alfonso de la Lama- Noriega.

Al respecto, el presidente de Acalerte destacó que con el dinero que se los usuarios se ahorran se podrá generar más empleo, sobre todo en el medio rural, femenino y especializado.

MAS CONTACTOS. Esta reunión se enmarca dentro del esfuerzo de la Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) y de CEAPs para que se incluya dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) su reclamación de la equiparación del IVA.

Ya se han mantenido encuentros con todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, así como con PP y Ciudadanos en Castilla y León que apoyan la medida. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, además de registrar la proposición no de ley se ha comprometido a enviar esta iniciativa a otros parlamentos autonómicos para ampliar el apoyo.

Por otro lado, la Consejera de Familia y su equipo les mostraron su apoyo la semana pasada en otra de las reuniones mantenidas con tal fin.

CEAPS. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas, es la organización empresarial del sector de la Dependencia de mayor representatividad a nivel nacional. Representa a más de 1.300 empresas, que gestionan más de 100.000 plazas residenciales y más de 400.000 servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, con una plantilla que supera los 80.000 trabajadores