El pasado octubre, el Consejo Territorial del SAAD, acordó la modificación parcial del Acuerdo de 2008, sobre criterios de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del sistema de dependencia, debido a la imposibilidad de alcanzar la cualificación del 100% de los profesionales a 31 de diciembre de 2017.

Este nuevo Acuerdo del Consejo Territorial, que pone de manifiesto la necesidad de habilitar dos nuevos sistemas para el reconocimiento de las competencias profesionales para los cuidadores/gerocultores, es resultado de la inadecuada planificación de la Administración. También es consecuencia de la falta de consignación presupuestaria suficiente y de un procedimiento complejo. En cuanto a la incidencia del problema, no hay una realidad única a nivel estatal, ya que en cada CC.AA. las situaciones son distintas.
Desde el principio, empresas y trabajadores han trabajado en la profesionalización del sector. Cuanto mayor sea el nivel de cualificación de los trabajadores, mayor es la seguridad y rigor profesional, traduciéndose en una mejora de la calidad del servicio prestado. El empleo en este sector ya goza de relativa estabilidad, flexibilidad y profesionalidad.

Este tipo de medidas extraordinarias, tienen que entenderse como situaciones excepcionales. La filosofía de la ley y el esfuerzo del sector por la cualificación/profesionalización de las plantillas iba ligada al reconocimiento, valoración y mejor remuneración del trabajo.

Estas medidas no garantizan, por sí mismas, la estabilidad del empleo en el sector porque, para que exista una verdadera estabilidad, no sólo se requiere una mayor facilidad de acceso a los certificados de cualificación profesional si no, además, una revisión de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, que deben de apoyarse en una actualización de precios y tarifas públicos a valores reales, que generen un reconocimiento profesional y equiparación salarial.

Encontramos profesionales que no reúnen el condicionante de la edad, pero sí cuentan con el requisito de la experiencia y con elevada formación en las distintas áreas de su competencia. Esta habilitación excepcional les permite acceder al reconocimiento de sus competencias profesionales acreditadas por medio de su experiencia, que de otro modo les sería complicados.
No obstante, respecto a la habilitación provisional, no se ha contemplado que no todos los trabajadores tienen acceso a la formación, especialmente en las zonas rurales, y que, para muchos de ellos, el iniciar una etapa formativa reglada les dificulta poder conciliar su vida personal y profesional.

A día de hoy, los gobiernos no están tomando las medidas necesarias para prever el problema tan serio que se avecina respecto a la tensión creciente entre la necesidad de contar con profesionales para cuidar a los mayores y la dificultad de encontrarlos en un mercado laboral donde no se está ofertando suficiente número de trabajadores cualificados.
Según las proyecciones de población del INE, el porcentaje de población de 65 años y más, hoy en un 18,7% – 8.701.380 personas – pasará al 34,6% en 2066, es decir, 14.293.394. Por tanto, la tasa de dependencia se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 87,7% en 2066.

Desde el sector, la propuesta que lanzamos a las administraciones es que, a la vista de los datos sobre el importante envejecimiento demográfico de la población, y que teniendo en cuenta que entorno al año 2050 se ha de producir un cambio generacional en las plantillas, se debe comenzar a trabajar en planificar las necesidades reales de profesionales para el sector, de sus perfiles y de las nuevas cualificaciones y categorías necesarias para atender a los mayores.