POR LA EQUIDAD DEL IVA EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA

//POR LA EQUIDAD DEL IVA EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA

POR LA EQUIDAD DEL IVA EN EL SECTOR DE LA DEPENDENCIA

Situación actual
El IVA a residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10% mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tribute el 4%.

Lo que propone CEAPS
Exigir al Gobierno central que reduzca el IVA de los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados mediante la inclusión de dicha medida en los próximos presupuestos generales del Estado.

POR JUSTICIA SOCIAL
La medida afectaría positivamente a unos 200.000 mayores de toda España que actualmente utilizan una plaza residencial privada, a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales.
Cada usuario ahorraría 106 euros mensuales con esta medida, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales, teniendo en cuenta que el precio medio de la plaza residencial privada en España es de 1.777,62 euros al mes.

Características de los usuarios de las plazas privadas de residencia en España: el 67% son mujeres // El 75% de ellas tienen 80 años o más // El 97% tienen enfermedades crónicas // El 67% de personas que residen en una residencia tienen un deterioro cognitivo severo.

310.000 dependientes en España cumplen los criterios para recibir una prestación y no la reciben porque están en lista de espera.

Cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho.

España se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población, la llamada “revolución de la longevidad”. El número de personas mayores de 85 años o más va a crecer un 155% entre el 2015 y el 2051.

UN DERECHO UNIVERSAL
El acceso a un servicio asistencial (residencia, centros de día, ayuda a domicilio y tele asistencial) es un derecho universal reconocido por la Ley 39/2006 y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando este se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público.
La Ley de la Dependencia 39/2006 debería ser la antesala para que los Servicios Sociales sean el cuarto pilar del estado de bienestar junto a la sanidad, la educación y las pensiones.
La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga una plaza obliga a muchas personas a contratar una plaza privada debiendo asumir un 6% más de IVA que cuando accede a una plaza pública.

EQUIDAD FISCAL
El mismo servicio no puede tener un IVA diferente en función de quien lo preste.
La Dirección General de Tributos ha dado el visto bueno al informe técnico del CEAPs. Asimismo, la propuesta del CEAPs cuenta con el apoyo de todas las patronales territoriales que lo integran.
La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que servicios básicos como: reparación de vehículos para personas con movilidad reducida y de sillas de ruedas / servicios de adaptación de autotaxis y autoturismos y de los vehículos a motor, para transportar personas con discapacidad / los alquileres con opción de compra de viviendas protegidas de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje.

BENEFICIO ECONÓMICO
Pensión media en España es de 902,9 € al mes (2017) // Precio medio de la plaza residencial privada en España es de 1.777,62 € al mes. Existe un desajuste que evidencia la dificultad de cubrir una plaza. Ante un posible aumento de las pensiones del 0,25% para el 2018, igualar el IVA al 4% sería una contramedida que aliviaría la situación de muchos dependientes.
El Gobierno había aumentado el 2017 la partida de Dependencia en 100 millones, pero se ha dejado sin gastar 44 millones.
Una reducción en el impuesto del valor añadido y la consiguiente reducción en las cuotas a abonar por los usuarios de más de 1.200 € anuales conllevaría una ocupación plena de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones y se reducirá el número de parados de una forma directa consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.

Una disminución del tipo impositivo no solo respetará el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, sino que mejorará las arcas del estado en 170 millones de euros y crearía un número elevado de nuevos empleos y de recursos asistenciales.
Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación (ratio 0.50 trabajadores por usuario)
Incorpora perfiles con alto riesgo de exclusión laboral como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica o profesionales que están teniendo que irse al extranjero para buscar trabajo como ocurre con los especialistas en medicina o enfermería.

Es un empleo que no se puede deslocalizar en otro país y no tiene un riesgo tecnológico muy elevado.
Conlleva importantes retornos económicos tanto a nivel tributario como a nivel de cotizaciones de la seguridad social. Más del 50% de su facturación retorna a las arcas públicas.
En la actualidad trabajan más de 145.000 trabajadores y existe potencial inmediato para llegar a los 160.000.

IDEA FUERZA (hay que repetirla constantemente)
“No es aplicar una medida fiscal sino hacer justicia social”

2018-06-11T09:00:32+00:00 20/03/2018|