La Asociación Aragonesa para la Dependencia y la Asociación de centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón, con el apoyo de CEPYME Aragón, critican que el Departamento de Ciudadanía no respeta a las empresas del sector
La Orden que regula la acción concertada de servicios sociales publicada ayer en el BOA deja fuera a las empresas privadas mercantiles
Tras la publicación en el BOA de ayer de la Orden que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón, la Asociación Aragonesa para la Dependencia, ARADE, y la Asociación de centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón, ACASSA, con el apoyo de CEPYME Aragón quieren denunciar el agravio y discriminación que supone para las empresas del sector y alerta de que podría ser la estocada definitiva para algunas de ellas.
Las empresas dedicadas al cuidado de las personas mayores en la Comunidad Autónoma de Aragón no solo no están siendo apoyadas por el Gobierno de Aragón tras el durísimo año al que han tenido que hacer frente con sus propios recursos y sin ningún tipo de ayuda pública, sino que además ahora se enfrentan a una normativa que las puede dejar fuera de la contratación con la Administración.
La Orden CDS/124/2021 que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales de Aragón excluye a las entidades privadas mercantiles. Las mismas empresas que generan riqueza, puestos de trabajo no deslocalizables y que llevan todo un año luchando por salvar vidas, ahora ven así recompensados todos sus esfuerzos, dejándolas fuera de cualquier colaboración con la Administración autonómica.
Aragón es la única Comunidad Autónoma de España que, con esta Orden, excluye simplemente por su forma jurídica a las empresas del sector que llevan toda la vida trabajando honestamente dando servicio a las personas mayores. En Aragón el 75,55% de las empresas del sector son PYMES y merecen que se respete su trabajo, sin embargo, lejos de ser apoyadas, la Consejería de Ciudadanía lleva años faltando a la verdad y negando hechos que el tiempo ha corroborado. El propio Tribunal de Justicia de Aragón en junio de 2020 declaró la nulidad de pleno derecho de la Orden CDS/2042/2017, orden que ha sido sustituida por la publicada en el BOA del día 15 de marzo, CDS/124/2021, que se reitera en todos sus términos y perpetúa la discriminación a la que están siendo sometidas las empresas por el mero hecho de serlo.
En una Comunidad en la que la inversión privada, el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo es en estos momentos vital para poder superar la crisis económica ocasionada por la pandemia, el sector reclama que las empresas sean tratadas con la deferencia que se merecen. Entre todos se está remando en una misma dirección, facilitando que las personas mayores dispongan de los servicios que necesitan ahí donde viven, en su ciudad, en su barrio, en su pueblo.
Por su parte, ARADE va a dar un paso más y, con el apoyo de CEPYME Aragón, va a presentar un recurso ante el TSJA en contra de esta nueva orden que vuelve a suponer un varapalo para sus empresas.