La campaña de protesta, que se desarrolla desde el pasado lunes en 650 residencias de Andalucía, con más de 30.000 plazas, y 17.000 trabajadores/as, pide dignidad para el sector de los cuidados de larga duración en Andalucía, y avisa del gravísimo riesgo que corren por ser insostenibles, por la infrafinanciación que plantea el Gobierno andaluz.
Las patronales de los cuidados a personas en Andalucía piden soluciones con urgencia para revertir la situación actual que lleva al sector a la quiebra. La negativa de la consejera a consensuar y llegar a acuerdos con las organizaciones representativas dificulta llegar a una solución sobre la escasa dotación de las plazas concertadas.
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Desde el pasado lunes, 14 de junio, se está desarrollando, con un seguimiento mayoritario, en los centros de mayores andaluces la campaña “1 minuto de silencio en pro de la eficiencia, sostenibilidad y mejora de la atención a las personas dependientes en Andalucía”, en la que los centros, cada martes y cada jueves, a las 12.00 horas, protestan para frenar la quiebra de la dependencia en Andalucía.
“La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación no está valorando suficientemente los servicios que se prestan en estos centros, los cuidados que se brindan a nuestros mayores”, trasladan las organizaciones, ya que la financiación de las plazas en Andalucía se encuentra en el furgón de cola de nuestro país. El actual sistema de financiación de las plazas concertadas es claramente insuficiente para poder atender a los residentes, cifrándose en un 15%-20% el desfase entre los costes y el precio que abona la administración.
“El coste por plaza —y, en consecuencia, el precio público— debería ser resultado del análisis de cada una de las partes que lo componen y no consecuencia de la disponibilidad presupuestaria negociada en términos políticos”. Hay que tener en cuente que con el precio actual se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa, lo que da lugar a una situación insostenible, informan las organizaciones CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE Y FAECTA.
Ante esta situación, los representantes de CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE Y FAECTA han acordado desplegar un amplio número de iniciativas, entre las que se encuentra el mantenimiento de la campaña “1 minuto de silencio”, reforzándose la misma con la distribución de 650 carteles denuncia de grandes dimensiones que se colocarán en las entradas de los centros al objeto de una mayor visualización por parte de los residentes, usuarios y familiares.
También se ha acordado el inicio durante los próximos días de contactos con los distintos partidos políticos para trasladarles la actual situación en la que nos encontramos. También se mantendrán reuniones con diversas instituciones y colectivos para informarles de la dramática situación en la que se encuentra el sector de la dependencia en Andalucía.
Necesitamos, al igual que el resto de las Comunidades, mantener un diálogo fluido con nuestros gobernantes. La falta de dialogo se ve en ejemplos como la creación de un Comité de expertos para definir el nuevo modelo andaluz de centros de atención a personas dependientes, en el que no se ha contado con ningún representante de las organizaciones empresariales.
“No entendemos la negativa de la consejera, y la falta de diálogo para buscar consensos cuando otras Consejerías del Gobierno andaluz cuyos titulares son de Ciudadanos (Empleo, Educación, Turismo) se han caracterizado por ese mismo diálogo con el que desarrollan sus actuaciones”.
Las Organizaciones patronales destacan que la colaboración público-privada mediante la oferta de plazas concertadas ha sido sin duda un éxito, permitiendo la inversión en nuevas residencias y centros asistenciales con una gestión eficiente y por tanto controlando los costes, lo que supone un ahorro para el sector público al mismo tiempo que se garantiza la provisión del servicio.
Por ello, entienden que este modelo debe seguir potenciándose en el futuro para poder atraer la inversión privada suficiente, única manera de hacer frente a la elevada demanda que se espera de aquí a 2050, al mismo tiempo que se hace un uso eficiente de los recursos financieros destinados a la atención a la dependencia en un contexto de contención del gasto público y necesidad de reducir el déficit y la deuda pública.