La pandemia del COVID-19 ha puesto en una situación crítica al conjunto de la atención residencial y a las personas mayores en todo el país. Una realidad que afecta tanto a centros públicos como privados, grandes y pequeños en toda nuestra geografía con un impacto muy significativo en grandes núcleos de población.
Durante más de un mes las organizaciones y profesionales del sector social hemos visto como la epidemia avanzaba segando vidas y dejando en una situación crítica a muchos centros a pesar del esfuerzo titánico de organización, gestión y cuidado.
Estamos reclamando con firmeza ayuda a la Administración para que nos proporcione los recursos que permitan luchar contra el coronavirus y poder proteger de la mejor manera posible a nuestros residentes y profesionales.
Ya en estos últimos días, con desesperación, hemos rogado que los organismos públicos nos facilitasen equipos de protección y tests diagnósticos para personas usuarias y profesionales.
En definitiva, ayuda para impedir que cuando apareciese un caso en un centro éste no se convirtiese en un vehículo de transmisión dentro del mismo.
Estas reiteradas demandas no han sido atendidas con la rapidez que la gravedad del momento exigía y, por eso, muchos de nosotros hemos pedido al Gobierno Central y los autonómicos que la autoridad sanitaria tomase inmediatamente el control sanitario de los centros residenciales puesto que la emergencia que vivimos no es una emergencia social sino una emergencia sanitaria.
Por parte de las autoridades públicas hemos escuchando palabras de ánimo y la promesa de priorizar el apoyo a los centros residenciales pero todos los que estamos día a día con las personas mayores sabemos que estas palabras no se han traducido en acciones reales valientes y decididas encaminadas a frenar la extensión del COVID-19 entre nuestros residentes y trabajadores.
Por eso y ante la publicación del Orden Ministerial SND/322/2020, de 3 de abril. EXIGIMOS de las Comunidades Autónomas, encargadas de su aplicación, su inmediato y total cumplimiento, en especial en lo que hacer referencia a:
- Que la autoridad sanitaria tome el control efectivo de la situación desde el punto de vista de Salud con una supervisión constante y efectiva de las medidas que se recogen.
- Que los centros y profesionales dispongan de manera inmediata de los EPIs necesarios para realizar las tareas de atención a las personas garantizando la seguridad de los trabajadores.
- Que tanto las personas usuarias como las profesionales tengan un acceso inmediato a los test diagnósticos para poder ejecutar una planificación efectiva de los recursos de los centros, garantizar su salud y poder tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para frenar el avance del COVID-19
- Que se implemente un mecanismo de recogida de información único y eficientes evitando las duplicidades existentes que crean confusión, ineficacia y agotamiento de profesionales y gestores.
Las personas mayores que viven en los centros residenciales son ciudadanos en plenitud de sus derechos y, por su situación de fragilidad necesitan y merecen una especial intervención por parte de las autoridades públicas y del conjunto de la Sociedad.
Desde el sector, organizaciones, gestores y profesionales expresamos nuestro compromiso, dedicación y decisión de no rendirnos y luchar por sus derechos. Si la calidad de una Sociedad se mide por los esfuerzos que hace esta por cuidar a los más débiles, este es el momento de demostrarlo con decisión y valentía.
Muchas gracias
Cinta Pascual
Presidenta de CEAPS
