Ayer se presentó el Manifest del sector d’atenció a la gent gran, que reivindica la equidad y la calidad en la atención a los mayores, una mejora de las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la sostenibilidad del sector después de diez años con las tarifas congeladas.
Barcelona 26-7-19 – Las organizaciones empresariales (Associació Catalana de Recursos Assistencials, Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya, Consorci de Salut i Social de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, La Unió Catalana d’Hospitals y la Unió de Petites i Mitjanes Residències) y sindicales (Comissions Obreres y FeSP – UGT de Catalunya) se concentraron ayer delante del Palau de la Generalitat para reivindicar que la atención a los mayores sea una prioridad de país.
En una concentración que reunió a centenares de personas, los portavoces de las organizaciones pidieron a la Generalitat de Catalunya situar a las personas mayores en el centro de la atención de les políticas sociales, tal y como sucede en otros ámbitos, mediante la lectura del Manifest del sector d’atenció a la gent gran que, posteriormente, se entró por registro en el Parlament de Catalunya.
En este manifiesto, los dos sindicatos y las seis patronales convocantes piden que se garantice la equidad y la calidad en la atención a los mayores, una mejora
de las condiciones laborales de los profesionales y que se garantice la sostenibilidad del sector, que se encuentra actualmente en una situación muy
complicada después de diez años con las tarifas públicas congeladas.
La concentración se produjo a raíz de una reunión mantenida la semana pasada con el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, donde se abordó una propuesta de hoja de ruta para el sector de los mayores. Las organizaciones consideran que la propuesta presentada por la administración es insuficiente en lo que se refiere al contenido y también al escenario temporal planteado.
Hace dos años, las mismas organizaciones presentaron un primer manifiesto donde se reclamaba una inversión de 300 millones de euros para dignificar un sector instalado en el olvido y la invisibilidad por parte de las administraciones, una situación que sin embargo no ha cambiado.