Las Juntas Directivas de la ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA Y AYUDA A DOMICILIO (AARTE) y la ASOCIACIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (ASCEGE) mantuvimos en el día de ayer en Oviedo un encuentro para intercambiar opiniones sobre los principales temas que preocupan a nuestros asociados dado que en nuestra opinión no se puede seguir considerando a la dependencia como un gasto sino como un derecho del que tanto los profesionales que trabajan como los usuarios, PERSONAS, dependen y tienen un futuro absolutamente incierto del que no se habla.
Se trataron, entre otros:
- la demanda del IVA reducido del 4% para todas las personas usuarias equiparando el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados (4%). Un mismo IVA para un mismo servicio;
- la importancia de una verdadera colaboración público-privada para la atención de la dependencia;
- el estado de las negociaciones del VIII Convenio del sector y el impacto de la subida del Salario Mínimo interprofesional;
- la necesidad de que la Administración Pública aporte más dinero para la atención a la dependencia, cumpliendo la Ley de Dependencia en materia de financiación, reduciendo los plazos de gestión y otorgando más Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS), lo que permitiría reducir la lista de espera y sería garantía de libertad de elección del usuario;
- la Calidad y sostenibilidad del servicio con conciertos públicos vinculados a la calidad en vez de al precio, sin subasta en la atención que haga imposible la mejora en la prestación y los salarios, e incrementando el precio abonado por plaza concertada, en la actualidad el más bajo de España, para permitir un desarrollo sostenible y estable, del sector y de sus profesionales.
Como principales patronales del sector en Asturias, AARTE y ASCEGE consideramos prioritario seguir ofreciendo una atención de calidad a todas las personas usuarias y sus familias, y unas condiciones de trabajo dignas a los profesionales de nuestros centros y servicios. Y estamos de acuerdo en que estos servicios que prestamos no serán sostenibles sin una financiación pública suficiente y a la altura del resto de Comunidades Autónomas.
Por ello, en 2020 trabajaremos de manera conjunta y coordinada para trasladar a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y al ERA (Establecimientos Residenciales de Ancianos) las necesidades y demandas del sector, mostrando una posición única y firme junto al resto de comunidades autónomas. Es importante aprovechar la oportunidad de que por primera vez España cuenta con una Vicepresidencia de Bienestar Social, lo que significa la importancia del actual Ejecutivo por esta área y reivindicar juntos, sindicatos y patronales, un aumento presupuestario mínimo de 850 millones de euros AL AÑO durante tres años consecutivos en el Mínimo acordado de aportación del Estado.